miércoles, agosto 17, 2022

Impunidad criminal en Chihuahua

Por Ángel Álvaro Peña

Chihuahua es la tierra de la impunidad, no por ello deja de ser un problema muy grave el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Urique, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma Gutiérrez.

La labor de los misioneros jesuitas culminó por el cobro de un derecho de piso al guía de turistas, el presunto asesino, propietario de un equipo, con una larga lista de delitos, le disparó a Heliodoro Palma, quien llegó herido al interior de la iglesia, luego de ser sacado del hotel contiguo al templo. Los sacerdotes jesuitas al verlo agonizar le dieron los santos óleos, momento en el cual el asesino remató al guía de turistas y disparó contra los religiosos.

Las autoridades estatales, –que permitieron que el asesino se paseara desde hace años, por las calles de los municipios próximos como si nada sucediera, a pesar de tener varias órdenes de aprensión contra él–, ahora ofrecen, a través de la Fiscalía General del Estadio, 5 millones de pesos “a quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil alias El Chueco”.

Los jesuitas son una congregación dedicada, al servicio de los demás, más aún cuando viajan a lugares tan apartados donde el sacrificio es mayor y la bondad mayor.

La rapiña de la oposición similar a la conducta de los buitres de inmediato señaló como responsable al Presidente de la República a pesar de que el asesinato en este caso es un delito del fuero común, porque la investigación sólo señala factores estatales; sin embargo, en el Congreso hasta pidieron airados, casi sofocándose, la comparecencia del Jefe del Ejecutivo, cuando nada tiene que hacer en los recintos legislativos.

Los jesuitas asesinados por Noriel Portillo, El Chueco, un conocido talamontes, se suman a una serie de crímenes que pudieron evitarse si las autoridades municipales y estatales hubieran hecho su trabajo de proteger no sólo la naturaleza del lugar sino a los propietarios ancestrales de esa riqueza: los tarahumaras, a quienes ahora la oposición se vuelca para querer proteger en el discurso, pero nunca lo hicieron antes ni con la palabra ni en los hechos.

Desde hace siglos en Chihuahua impera la impunidad recordemos simplemente a las Muertas de Juárez, que iniciaron en 1993 y para 2012, superaban los mil asesinatos.

El asesinato de Marisela Escobedo, quien, al tomar la bandera de la justicia, luego del asesinato de su hija Rubí, de 16 años, en agosto de 2008, se convirtió en un símbolo en la búsqueda de culpables de feminicidios en la entidad. El asesino prácticamente confeso y con todas las evidencias en su contra fue absuelto, por tener nexos con las pandillas que actuaban en complicidad con las autoridades del estado. El 16 de diciembre de 2010 fue asesinada de un tiro en la cabeza, frente al Palacio de gobierno donde están las oficinas del gobernador, César Duarte, que tenía escasos tres meses de haber llegado a ese cargo.

Ahora, Duarte Jacques está preso por un sinfín de delitos cometidos durante su mandato.

El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, sucedido el 23 de marzo de 2017, indignó al país entero y su impunidad traspasó las fronteras, a los seis meses de que llegara el panista Javier Corral Jurado a la gubernatura de Chihuahua.

Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, acusado de asesinar a dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas, mantener desaparecidas a otras personas, y de secuestrar y matar también a un turista norteamericano en 2018, pertenece al mismo grupo delictivo que el 23 de marzo del 2017 privó de la vida a la periodista, Miroslava Breach Velducea, la Fiscalía General del Estado ha dicho que “El Chueco” forma parte del grupo “Los Salazar”, comandado por Adán y Crispín Salazar Zamorano, a su vez integrantes de la facción Gente Nueva, del Cártel de Sinaloa.

Lo extraño es que el asesino paseaba por las calles en una vida normal, a pesar de que estaba identificado por las autoridades locales y estatales. El asesinato de Miroslava aún está impune.

En el Cereso estatal de Aquiles Serdán están recluidos Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “El Larry” y Hugo Schultzm, el primero uno de los autores materiales del asesinato; el segundo, exalcalde de Chínipas por el PAN y exfuncionario estatal con Javier Corral.

Un ejemplo claro de esto es el caso del regalo que hizo la actual gobernadora panista, Maru Campos Galván, 25 días antes del asesinato de los jesuitas. Buena parte de ese predio pertenece a los tarahumaras.

Se trata de 159,823.989 metros cuadrados, vendidos a un precio 40 veces más barato de su valor real, beneficiando a Luis Lara Armendáriz, quien pagará solamente 3.4 millones de pesos, a pesar de que el terreno fue valuado en 137 millones 546 mil pesos.

La gobernadora, desconociendo la división de poderes ordenó a la bancada del PAN, su partido, con mayoría en la legislación de la entidad, aprobar dicha “donación”, con la complicidad de los diputados del PRI. Todo porque el empresario contribuyó económicamente a la campaña de la panista, quien ahora lamenta que los tarahumaras sean víctimas de tanta injusticia.

Ante el asesinato de los jesuitas el Presidente instruyó un despliegue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, para dar con la ubicación del homicida de los sacerdotes y del guía de turistas, quien es José ‘N’, alías ‘el Chueco’, y quien está señalado e imputado como autor del delito de homicidio calificado en agravio de las tres víctimas.

El olvido de las comunidades originarias de esos lugares, la miseria en la que viven no ha removido acciones humanas ni sentimientos en priístas ni panistas.

Desde 1992, la violencia impera en Chihuahua, al entrar a gobernar el primer mandatario estatal panista en la entidad, Francisco Barrio Terrazas, luego fueron turnándose PAN y PRI la gubernatura, con un doloroso común denominado la violencia y la impunidad.

PEGA Y CORRE

El destino nos alcanzó. El agua es un producto que ya no pertenece más que a los más fuertes, a pesar de ser un derecho humano. En la colonia Independencia, prácticamente en el centro de la ciudad de Monterrey, un comando armado robó una pipa con 10 mil litros de agua, la reventa del vital líquido empieza a competir con el huachicoleo, dejando a la población en la indefensión…

Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes

otros columnistas